De "estar en rango" a "probar el beneficio": cómo blindar la deducción de los servicios intercompany

Una empresa multinacional puede tener un estudio de precios de transferencia impecable, márgenes dentro del rango intercuartil, comparables sólidos, metodología defendible, y, aun así, ver rechazada por completo la deducción del pago que hace a una entidad de su grupo por servicios administrativos, técnicos o de gestión. No porque el precio esté mal, sino porque no logró demostrar algo más elemental: que el servicio realmente se prestó, que tenía una razón de negocio y que le generó un beneficio. Esa es la paradoja que define la fiscalización delos servicios intercompany en 2026. El precio dejó de ser la última frontera; hoy es apenas la tercera de tres preguntas que la autoridad formula en secuencia, y basta con tropezar en la primera para perderlo todo.

Lo que durante años fue una discusión técnica sobre rangos y métodos se ha convertido en una discusión sobre sustancia. Y no se trata de una interpretación agresiva aislada de alguna administración tributaria: es una tendencia que las autoridades latinoamericanas vienen consolidando desde hace varios ejercicios y que la OCDE acaba de codificar en su propuesta de revisión al Capítulo VII delas Directrices de Precios de Transferencia, abierta a consulta pública desde el 1 de junio de 2026. Para los grupos empresariales, el mensaje es inequívoco: el management y la documentación de los servicios intragrupo deben evolucionar, o la exposición a ajustes y a impugnaciones de la deducibilidad seguirá creciendo.

El fin de una certeza

Durante mucho tiempo, el análisis de un cargo intercompany por servicios se resolvía con una sola pregunta: ¿la contraprestación está a valor de mercado (arm's length)? Si el margen del prestador caía dentro del rango de comparables, la operación se consideraba defendible. Esa certeza se ha desmoronado. Hoy la autoridad formula tres preguntas concurrentes, y las plantea en un orden que invierte la lógica tradicional:

Primero, ¿existió una razón de negocio (business purpose) para contratar el servicio dentro del grupo? Segundo, ¿el servicio se prestó efectivamente y generó un beneficio identificable para la entidad que lo pagó? Y solo al final, una vez superadas las dos anteriores, ¿la remuneración corresponde a esa realidad económica? La consecuencia práctica de este reordenamiento es severa: el rechazo en cualquiera de las dos primeras etapas invalida la deducción en su totalidad, no ajusta el margen. Un precio perfectamente calibrado sobre un servicio que no se puede probar es un precio irrelevante.

El concepto que articula este cambio es la prueba del beneficio (benefit test).En su formulación, una actividad constituye un servicio intragrupo solo si proporciona a la entidad receptora un valor económico o comercial que mejora o mantiene su posición de negocio, de modo que una empresa independiente en circunstancias comparables habría estado dispuesta a pagar por ese servicio o lo habría ejecutado por sí misma. La prueba del beneficio dejó de ser un concepto académico para convertirse en el eje operativo de la auditoría: es la pregunta que el revisor lleva por escrito a la mesa.

Conviene precisar sus contornos, porque ahí se juega la deducción. El beneficio puede ser actual o esperado, pero debe evaluarse al momento en que se realizó la actividad, no a posteriori. Esto significa que el fracaso comercial de un proyecto, una iniciativa de marketing que no rindió las ventas previstas, un sistema que no se implementó en el plazo planeado, no niega por sí solo la existencia del servicio, siempre que al momento de contratarlo existiera una expectativa razonable de beneficio. A la inversa, el benefit test permite distinguir lo que sí es servicio de lo que no lo es: las actividades de accionista (shareholder activities), que benefician únicamente ala matriz en su calidad de propietaria (el cumplimiento de sus propias obligaciones de reporte, los costos de su junta de accionistas); los servicios duplicados, que replican funciones que la receptora ya realiza; y los beneficios incidentales, que derivan del mero hecho de pertenecer al grupo (la llamada passive association) y por los que ninguna empresa independiente pagaría.

Este giro no surgió de la nada. Es la conclusión natural de una década de re orientación de los precios de transferencia hacia la creación de valor. Las Acciones 8-10 del proyecto BEPS de la OCDE, cuyos informes finales se publicaron en 2015, re escribieron las reglas para alinear los resultados de precios de transferencia con la sustancia económica, exigiendo delinear la operación real a partir de la conducta de las partes, no solo de sus contratos, y rechazando expresamente las "transacciones de papel" sin actividad subyacente. La Acción 10 atacó de manera específica la erosión de la base gravable mediante pagos como management fees y gastos de casa matriz sin correspondencia con la creación de valor. El principio de sustancia sobre forma que entonces se sembró es hoy el hilo conductor de la fiscalización de servicios.

Hay, además, un detonante estructural. El comercio de servicios crece a un ritmo que la fiscalización no puede ignorar. Según el Global Trade Update de la UNCTAD de marzo de 2025, el comercio mundial alcanzó un récord de 33 billones de dólares en 2024, y fueron los servicios, que crecieron 9% en el año y aportaron cerca del 60% del crecimiento total, los que impulsaron esa expansión. Los servicios, por naturaleza intangibles y difíciles de observar en frontera, concentran cada vez más flujos intragrupo y, con ellos, más atención de las autoridades.

Una tendencia que la OCDE ahora codifica

La novedad de 2026 no es que la OCDE haya inventado este enfoque, sino que lo está convirtiendo en estándar global tras observar cómo las administraciones latinoamericanas lo aplicaban en la práctica. La región funcionó, en cierto sentido, como laboratorio anticipado.

En Perú, la prueba del beneficio está codificada en el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, que obligan a demostrar que los servicios generaron, o podían generar, un beneficio económico y a sustentar la relación entre el servicio, la contraprestación y la estructura de costos del prestador. La Resolución del Tribunal Fiscal 2374-4-2025 fue la primera decisión peruana que abordó frontalmente el benefit test, confirmando el rechazo de SUNAT por falta de sustento del costo y margen del prestador. En Colombia, la DIAN exige verificar primero los requisitos generales de deducibilidad, luego la prestación efectiva y la necesidad económica del servicio, y solo al final las condiciones de mercado; un fallo reciente del Consejo de Estado ratificó que un contrato describe obligaciones potenciales pero no acredita la ejecución, y que sin entregables, correos, reportes, minutas, registros de actividad, la prestación no se tiene por probada, sin que la documentación de precios de transferencia sustituya esa evidencia operativa. Y Brasil, con la Ley 14.596/23 vigente desde el 1 de enero de 2024, abandonó su histórico régimen de márgenes fijos para adoptar el principio arm's length alineado con la OCDE, incorporando incluso el concepto de servicios de bajo valor añadido con un margen de referencia del 5%.

México combina los tres ingredientes, cláusula antia buso, criterios interpretativos e intensidad fiscalizadora, de forma particularmente contundente, y lo hace con cifras. Según el comunicado 026-2025 del SAT, del 26 de mayo de 2025, la autoridad alcanzó una eficiencia recaudatoria por precios de transferencia de 106,178 millones de pesos entre 2019 y 2024, una cifra superior en 367% a los 28,966 millones de pesos recaudados en el periodo 2013-2018. Solo en el último ejercicio, derivado de actos de auditoría en la materia, los grandes contribuyentes corrigieron su situación fiscal por más de 19,000 millones de pesos. El foco está, además, concentrado: poco más de 16,000 grandes contribuyentes, apenas el 0.2% del padrón, aportan el 52% de la recaudación total, y son el blanco natural de la revisión de operaciones intercompany.

El andamiaje legal mexicano refuerza este enfoque. El artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación, vigente desde 2020, faculta a la autoridad a recaracterizar actos que carezcan de razón de negocio, y presume su inexistencia cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado es menor al beneficio fiscal obtenido. El criterio no vinculativo 44/ISR/NV considera práctica fiscal indebida deducir servicios cuando el contribuyente no acredita que fueron efectivamente prestados, aun contando con el comprobante fiscal correspondiente. Y el artículo 69-B del propio Código presume la inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes emitidos sin activos, personal o infraestructura. La materialidad y la razón de negocio no son, en México, una recomendación de buenas prácticas: son el terreno sobre el que se libra la auditoría.

Es en este contexto donde irrumpe la revisión de la OCDE al Capítulo VII. El 1 de junio de 2026, el Working Party No. 6 del Comité de Asuntos Fiscales publicó el documento de consulta pública "Revisions to Chapter VII of the OECD Transfer Pricing Guidelines,  Special considerations for intra-group services". El plazo para comentarios cierra el 22 de julio de 2026 y la OCDE celebrará una consulta pública en noviembre de 2026 en su Centro de Conferencias de París. La organización es explícita en que las revisiones no pretenden cambiar los principios generales, sino alinear la guía de servicios con los Capítulos I a III y aportar claridad mediante nuevos ejemplos.

Tres cambios merecen la atención de cualquier CFO. Primero, el Capítulo VII se reordena en torno a la delineación precisa (accurate delineation) de la operación: antes de aplicar la prueba del beneficio, exige analizar las relaciones comerciales y financieras entre las partes y sus características económicamente relevantes, funciones, activos, riesgos y, sobre todo, las decisiones que cada parte toma. Segundo, se refuerza y matiza el benefit test, consolidando el estándar del beneficio "actual o esperado" y recategorizando las actividades de accionista, la duplicación y los beneficios incidentales como ejemplos de aplicación de un mismo test, en lugar de categorías estancas. Tercero, en materia de método, la OCDE deja claro que no debe presumirse que un método basado en costos sea automáticamente el más apropiado para los servicios; cuando ambas partes hacen contribuciones únicas y valiosas o comparten riesgos económicamente significativos, el método de partición de utilidades (profit split) puede resultar el más adecuado. En sentido contrario, el régimen simplificado de servicios de bajo valor añadido (low value-adding intra-group services), con su margen seguro del 5% sin necesidad de estudio de comparables, se conserva prácticamente sin cambios.

Conviene una nota de prudencia editorial: este documento es un discussion draft y no representa todavía la postura consensuada de la OCDE; la propia organización advierte que los contribuyentes no deben apoyarse en él como derecho vigente. Pero su valor para el lector no está en su carácter normativo, sino en lo que confirma: la dirección del viaje es inequívoca, y la ventana de consulta es justamente el momento para anticiparse a su destino.

Construir la defensa antes de la auditoría

Si la pregunta cambió, la defensa también debe cambiar. El error más costoso, y el más común, es tratar la documentación como un ejercicio reactivo: armar el expediente cuando llega el requerimiento. Bajo el nuevo estándar, eso ya no funciona. La prueba del beneficio se evalúa al momento en que se prestó el servicio, lo que obliga a generar evidencia contemporánea, no reconstruida.

El primer movimiento es transformar el expediente reactivo en un expediente contemporáneo de defensa. Para cada cargo intercompany por servicios debe existir, desde el origen de la operación, evidencia de tres cosas: la necesidad del servicio, su prestación efectiva y el beneficio identificable para la receptora. La prestación efectiva no se acredita con un contrato ni con una factura; se acredita con entregables, reportes, dictámenes, presentaciones, muestras de tickets de soporte de TI, con correspondencia que documente la decisión de contratar y la ejecución, con minutas, y con los perfiles del personal que realmente prestó el servicio. El contrato, por su parte, debe describir el servicio real y vigente, no obligaciones genéricas o desactualizadas: la coherencia entre contrato, conducta y remuneración es lo primero que un auditor contrasta.

El segundo movimiento es la segmentación estratégica de los servicios. No todos se documentan ni se valúan igual, y confundirlos eleva la exposición. Los servicios de bajo valor añadido, contabilidad, nómina, soporte de TI no estratégico, servicios administrativos, pueden acogerse al régimen simplificado con margen del 5% pero a menos que la legislación local expresamente permita este “safe harbor”, el 5% deberá estar sustentado en un benchmark con comparables. Los servicios de alto valor, aquellos que involucran intangibles únicos y valiosos, decisiones estratégicas o la asunción de riesgos significativos, exigen un análisis robusto, una construcción cuidadosa de la base de costos y de las claves de asignación (allocation keys), y eventualmente la aplicación de un profit split. Mezclar ambos universos, o aplicar mecánicamente un mismo margen a todo, es una invitación al ajuste. En paralelo, conviene depurar del cargo deducido cualquier actividad de accionista, servicio duplicado o costo de paso (pass-through) al que sele haya añadido un margen que no corresponde.

Una responsabilidad compartida: el asesor y la empresa

Aquí conviene disipar un malentendido frecuente: la defensa de un servicio intercompany no es responsabilidad exclusiva del asesor de precios de transferencia ni se resuelve únicamente con un estudio técnico. Es una responsabilidad compartida, con roles claramente diferenciados.

El asesor de precios de transferencia aporta la arquitectura analítica. Le corresponde delinear con precisión la operación, identificar funciones, activos, riesgos y decisiones de cada parte, diseñar y aplicar la prueba del beneficio, seleccionar y justificar el método más apropiado a la luz del perfil funcional, y construir el expediente de defensa que integra la documentación técnica con la evidencia operativa. Es también quien debe evaluar la conveniencia de instrumentos de certeza anticipada, como los acuerdos anticipados de precios (Advance Pricing Agreements), particularmente relevantes ante la litigiosidad que se anticipa: las estadísticas de la OCDE sobre procedimientos amistosos (MAP) de 2024 muestran que un caso de precios de transferencia tarda en promedio cerca de 31 meses en resolverse, un costo de incertidumbre que pocas operaciones de alto valor pueden absorber sin planeación.

La empresa, por su parte, es la única que puede generar y conservar la evidencia que sostiene todo lo anterior. Ningún asesor puede fabricar a posteriori los correos, las minutas, los reportes o los registros de actividad que prueban que el servicio se prestó. La organización debe institucionalizar la generación contemporánea de esa evidencia, custodiarla de forma ordenada y, sobre todo, alinear su operación real con lo que sus contratos y sus estudios declaran. Cuando la conducta de la empresa contradice su documentación, ni el mejor estudio técnico la salva. La defensa robusta nace, entonces, de la colaboración: el asesor diseña el marco probatorio y la empresa lo alimenta con la realidad de su operación diaria.

Tres ideas para la dirección

Primera: el precio dejó de ser la última línea de defensa.

Un estudio de precios de transferencia que solo demuestra que la contraprestación está en rango es hoy insuficiente. La deducción se gana, o se pierde, en la razón de negocio y en la prueba del beneficio, antes de que el precio siquiera entre a discusión.

Segunda: la documentación debe ser contemporánea, no reactiva.

Como la prueba del beneficio se evalúa al momento de prestar el servicio, la evidencia debe generarse desde el origen de la operación. El expediente que se armacuando llega el requerimiento llega tarde por definición.

Tercera: la ventana de cambio está abierta hoy.

La convergencia entre la fiscalización latinoamericana y la revisión de la OCDE al Capítulo VII no es una amenaza futura, sino un estándar que ya opera. Los grupos que ajusten su management y su documentación durante 2026, mientras la propuesta de la OCDE se discute, llegarán preparados; los que esperen a laversión final lo harán a la defensiva.

La transición de un modelo de servicios "en rango" a uno "probado" no es trivial: exige rediseñar procesos de documentación, segmentar correctamente el portafolio de servicios, depurar cargos sin sustancia y alinear la operación con el papel. Es precisamente el tipo de trabajo en el que Flint Consulting® acompaña a los grupos empresariales: traducir el nuevo estándar probatorio en una arquitectura de defensa concreta, contemporánea y a prueba de auditoría. Si su organización realiza pagos por servicios intercompany de materialidad relevante, el momento de revisar su exposición no es cuando llegue el requerimiento de la autoridad, es ahora.